Gobierno abre una nueva billetera fiscal para contener combustibles: proyecto tendrá un costo superior a $538 mil millones y congela alzas hasta febrero

• Iniciativa busca desactivar la crisis del transporte tras las movilizaciones de camioneros, pero aumenta la presión sobre las cuentas públicas en medio del millonario esfuerzo ya realizado por el MEPCO.

El Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata que modifica transitoriamente el mecanismo de estabilización de combustibles, revierte el alza aplicada en noviembre, limita nuevas subidas hasta febrero de 2027 y amplía los beneficios tributarios para las empresas de transporte de carga. La medida permitirá contener el impacto sobre consumidores y transportistas, pero implicará un costo fiscal estimado de $538.874 millones entre 2026 y 2027.

UN NUEVO ESFUERZO FISCAL PARA CONTENER UNA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA

El Gobierno decidió intervenir nuevamente el mercado de los combustibles luego de semanas de presión por el incremento sostenido en los precios internacionales y las movilizaciones protagonizadas por camioneros, a las que posteriormente se sumaron otros sectores del transporte.

La iniciativa busca revertir el aumento cercano a $40 por litro que afectaba al diésel y a las gasolinas de 93 y 97 octanos, además de establecer un límite temporal a nuevos incrementos hasta el 3 de febrero de 2027.

El proyecto permitirá al Ministerio de Hacienda modificar, por una única vez, el componente variable del impuesto específico a los combustibles para que los precios informados por ENAP vuelvan a los niveles vigentes al 4 de noviembre de 2026.

La decisión, sin embargo, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cuánto puede seguir absorbiendo el Estado para amortiguar los shocks externos y evitar que el aumento del petróleo se traslade completamente a la economía interna.

LA FACTURA FISCAL: MÁS DE MEDIO BILLÓN DE PESOS EN DOS AÑOS

El Informe Financiero N°270 del proyecto estima un impacto negativo sobre los ingresos fiscales de $172.969 millones durante 2026 y de $365.905 millones en 2027. En total, el costo acumulado de las medidas supera los $538 mil millones.

El mayor impacto provendrá del menor flujo de recursos asociados al MEPCO, mecanismo que permite amortiguar las fluctuaciones internacionales del precio de los combustibles.

Según el documento oficial, el efecto sobre los ingresos por MEPCO alcanzará $92.507 millones en 2026 y $276.305 millones en 2027, mientras que el mayor reintegro del impuesto específico al diésel para transportistas representará otros $30.927 millones en 2027.

A esto se suma el componente de gasto asociado al mecanismo de estabilización, estimado en $80.462 millones para 2026 y $58.672 millones para 2027.

MEPCO YA ACUMULA UN COSTO EXTRAORDINARIO PARA HACIENDA

El nuevo paquete llega después de un esfuerzo fiscal sin precedentes para contener el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles.

Desde el inicio del conflicto internacional que restringió la oferta mundial de combustibles refinados, Chile ha enfrentado una fuerte presión sobre los precios internos, considerando además que aproximadamente la mitad del diésel consumido en el país es importado directamente. El Gobierno señala que, respecto del período previo al conflicto, el diésel aumentó cerca de 80% y las gasolinas alrededor de 40%.

Entre el 5 de marzo y el 5 de noviembre de 2026, el impacto fiscal del MEPCO alcanzó cerca de $1,4 billones, de los cuales aproximadamente $1 billón correspondió al diésel. Solo entre agosto y octubre, el costo llegó a $1,1 billones.

Durante ese período, el mecanismo permitió mantener el precio interno del diésel, en promedio, $280 por litro por debajo de su paridad internacional, mediante una combinación de menor recaudación del impuesto específico y créditos fiscales directos.

El propio Gobierno reconoce que esta política tiene un límite: el MEPCO fue diseñado para amortiguar fluctuaciones, pero no para aislar permanentemente a la economía frente a shocks internacionales de gran magnitud sin comprometer recursos fiscales relevantes.

TRANSPORTE DE CARGA SERÁ UNO DE LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS

Uno de los componentes centrales del proyecto apunta directamente a las empresas transportistas, que han advertido que el aumento del combustible amenaza la estructura de costos del sector.

La propuesta modifica el tratamiento de los reintegros negativos del impuesto específico al combustible, permitiendo que estos montos sean imputados contra créditos de IVA del mismo mes y períodos siguientes, hasta extinguir la obligación. La medida busca aliviar las presiones de caja de los transportistas.

Además, el Ejecutivo propone elevar transitoriamente los porcentajes de recuperación del impuesto específico al petróleo diésel durante 2027.

Actualmente, la recuperación está fijada en 20% para las empresas de transporte de carga, independiente de su tamaño. El proyecto establece porcentajes que fluctuarán entre 80% y 31% durante todo 2027, dependiendo de los ingresos anuales de cada empresa.

EL DEBATE EN HACIENDA: ALIVIO INMEDIATO VERSUS SOSTENIBILIDAD FISCAL

El proyecto llega a la Comisión de Hacienda en un escenario donde el Gobierno enfrenta el desafío de responder a una emergencia económica y social, pero al mismo tiempo contener el deterioro de las cuentas fiscales.

Desde la perspectiva económica, la discusión estará marcada por una pregunta clave: cuánto espacio tiene el Estado para seguir subsidiando combustibles en un contexto internacional incierto y con múltiples demandas sobre el presupuesto público.

La medida entrega una señal inmediata al transporte y evita un nuevo salto en los costos logísticos, pero también posterga el ajuste que generan los precios internacionales cuando el petróleo permanece elevado.

El Ejecutivo argumenta que la intervención es transitoria y focalizada. De hecho, la limitación de precios establece que solo se impedirán nuevas alzas, permitiendo que una eventual baja internacional se refleje también en los precios internos.

UNA APUESTA POLÍTICA CON COSTO ECONÓMICO

Con este proyecto, La Moneda busca poner término a una crisis que amenaza con afectar la movilidad del país y la cadena logística, especialmente en sectores intensivos en combustible.

Sin embargo, el costo fiscal —superior a medio billón de pesos considerando las medidas propuestas para 2026 y 2027— instala nuevamente el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios energéticos y el rol del Estado frente a shocks externos.

La discusión que comienza el miércoles 18 de noviembre en Hacienda no solo definirá la respuesta inmediata al conflicto de los transportistas. También abrirá un debate mayor sobre cuánto está dispuesto a pagar el Fisco para contener los efectos de una crisis internacional sobre los consumidores y las empresas.