Aguas Andinas en alerta por bases planteadas por la Siss para su proceso de tarificación 2020-25

Una mirada muy distinta a la planteada por la autoridad regulatoria es la que tiene la sanitaria Aguas Andinas, la mayor del país por número de clientes, sobre el proceso de fijación de sus tarifas para el periodo 2020-2025.

Para el superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, tanto las bases preliminares, publicadas a fines de noviembre, como las observaciones de la empresa a las mismas y las bases definitivas, liberadas hace una semana, no plantean grandes diferencias respecto de las del quinquenio 2015-2020.

«Yo diría que las bases de los estudios tarifarios actuales se parecen bastante a las bases del VI proceso de fijación tarifaria. No hay gran diferencia, salvo los elementos que incorporamos sobre el cambio climático, emergencias, que han venido ocurriendo en este periodo y que debieron ser introducidos a la mirada de la empresa modelo», subrayó la autoridad tras participar esta semana en un seminario.

Pero para la empresa, el proceso da cuenta de una mirada muy distinta, que eleva los riesgos de arbitrariedad por parte de la Siss.

Varias fuentes consultadas por este medio aseguran que lo que ha generado esta visión al interior de la empresa es, derechamente, un «profundo malestar». Otras, más moderadas, destacan que ambas partes siguen llevando adelante a diario un trabajo técnico, en que cada parte defiende lo que le parece correcto. No obstante, en lo que todas coinciden es que tras el inicio del proceso tarifario la relación se tensó y no pasa por su mejor momento.

«Para Aguas Andinas, las bases preliminares supusieron un evidente cambio respecto de la tarificación anterior. No era algo en específico que se criticara, era la suma de varias cosas», dijo un conocedor.

Según la información que consta en la página web de la Siss, las bases preliminares dieron lugar a un compilado con observaciones de más de 300 páginas. Sus apreciaciones las presentó en una tabla de 110 puntos.

«Las bases preliminares (…) introducen varios cambios que afectan los derechos de la empresa, en cuanto a que limitan, sin fundamento alguno, la información a considerar para determinar resultados de los estudios tarifarios, exigen a la empresa la entrega de información adicional a la históricamente requerida, cuyo levantamiento, revisión y procesamiento es imposible de efectuar dentro del plazo del artículo 5º del Reglamento de Tarifas e incluso dentro del tiempo que toma todo el proceso tarifario, además de eliminar a priori partidas y elementos que deberían ser materia de los estudios, junto con anticipar resultados de los mismos, todo ello bajo la amenaza de declarar inadmisibles las discrepancias que puedan tener relación con el no acatamiento de todas estas nuevas imposiciones», declaró la compañía en la presentación de sus observaciones.

Agregó que lo anterior no se condice con el hecho de que el proceso de fijación de tarifas es un procedimiento «administrativo y reglado», en cuanto a que tiene normas propias que lo rigen, que son únicas y obligatorias, y también en lo referente a que, dada su naturaleza jurídica, debe sujetarse cabalmente a las normas, principios y jurisprudencia administrativa, como también hacer una adecuada y precisa interpretación de la normativa vigente, en razón de la historia de la ley, de fallos judiciales y de dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR).

«Las bases definitivas mejoran varios aspectos, pero la visión general de la empresa sigue siendo negativa», comentó otra fuente.

Un ejecutivo de la industria que ha seguido de cerca el proceso advierte que este desencuentro es el más reciente, pero no el único de los últimos meses entre las partes.

Como ejemplo se menciona la diferente mirada sobre la multa de $400 millones contra su filial Essal por el vertimiento de aguas servidas al lago Llanquihue, medida que, según la empresa, dio sustento a la formalización de ejecutivos de la empresa puertomontina; y sobre un proceso sancionatorio abierto por la Siss por la contaminación de un acueducto en la calle Valenzuela Puelma, en La Reina, ocurrido en marzo de 2018.

Las bases establecen el marco técnico-económico según el cual serán calculadas las nuevas tarifas de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas.

Según el calendario de la autoridad, hasta mediados de abril se extenderá el plazo para que la empresa entregue la información planteada en las bases. Estas, precisan fuentes al tanto, aún pueden ser ajustadas. Si la empresa no queda conforme, podría recurrir a la CGR.

Aguas Andinas, que opera en la Región Metropolitana de Santiago, es controlada por Grupo Agbar (Suez). (Fuente: Economía y Negocios Online ValorFuturo)