- Por José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental. //
Chile enfrenta un punto de inflexión ambiental: más del 60% del territorio presenta algún grado de erosión. La pérdida sostenida de la capacidad productiva y de las funciones ecosistémicas ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una urgencia de Estado. Ante este escenario, el Ejecutivo presentó indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01) con el objetivo de reconocer el suelo como un componente vital del medioambiente y no solo como un insumo económico. La iniciativa propone un marco regulatorio integral para proteger, conservar y recuperar los suelos, reconociendo su papel clave en la seguridad alimentaria y la biodiversidad.
La propuesta cobra especial relevancia en una semana marcada por contingencias ambientales: desde la demanda estatal contra la minería en Puchuncaví por contaminación con metales pesados hasta la preocupación por la degradación química tras los incendios en la zona centro-sur. En ese contexto, el proyecto busca enfrentar la degradación de origen antropogénico y subsanar la histórica falta de datos científicos que ha dificultado una planificación territorial eficaz.
El eje de la iniciativa es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Ese organismo actuaría como articulador entre servicios públicos para evitar que las medidas de protección queden en letra muerta. A mi juicio, el avance legislativo es una señal necesaria para los sectores técnico y ambiental.
Chile arrastra pasivos ambientales históricos que requieren una gestión basada en la evidencia. La implementación de un Catastro Nacional de Suelos, como propone la ley, permitirá cartografiar zonas vulnerables y funciones ecosistémicas de forma pública y gratuita. A diferencia de normativas anteriores, el proyecto apuesta por la equidad territorial mediante cinco comisiones macrozonales integradas por gobernadores, académicos y representantes de la sociedad civil, con el fin de adaptar las medidas a las realidades locales.
Además, debemos valorar la robustez técnica del proyecto, que incluye guías para suelos con posible presencia de contaminantes y busca entregar certeza jurídica y ambiental a comunidades e inversores. La iniciativa contempla la creación de un Instituto del Suelo en un plazo de cuatro años, una medida que, según sus promotores, posicionaría a Chile como referente regional en gobernanza y facilitaría el acceso a financiamiento internacional verde.
El éxito de la ley dependerá de su capacidad para armonizar los intereses de los sectores agrícola, forestal y ambiental. Con la presentación de las indicaciones en enero de 2026, el Gobierno busca alinear los instrumentos de fomento con la resiliencia climática y garantizar que el patrimonio del suelo se preserve para las futuras generaciones.
