Licitación de Suministro 2026/01: Cuando el precio también es una señal de confianza

• Por Jorge Hurtado, Manager Chilean Electricity Market en AFRY.//

El 5 enero de 2027 se llevará a cabo la apertura de las ofertas económicas de la licitación de suministro para clientes regulados 2026/01, que busca adjudicar dos bloques de energía y potencia: el primero por 1.575 GWh/año, entre el 1° de enero de 2029 y el 31 de diciembre de 2043; y el segundo por 1.260 GWh/año, entre el 1° de enero de 2030 y el 31 de diciembre de 2044.

En los últimos años, se ha observado una menor participación en licitaciones reguladas y un alza en los precios medios de adjudicación, movidos principalmente por los distintos riesgos que ha internalizado la industria. Si bien el regulador ha hecho esfuerzos importantes y necesarios por adaptar las bases y mitigar riesgos, como los desacoples de precios entre zonas (atenuados con la segmentación zonal), el traspaso de costos sistémicos vía la fórmula de indexación, la extensión de contratos ante energía no liquidada por sobrecontratación, o elevar a la categoría de «estipulaciones esenciales del Contrato de Suministro» el precio adjudicado y su indexación. Aún persisten riesgos políticos y regulatorios que es necesario entender y evaluar antes de presentar una oferta.

En efecto, últimamente la industria ha percibido en los contratos regulados una constante presión política y regulatoria que afecta la previsibilidad de los flujos futuros de los generadores: mecanismos de estabilización de precios, retrasos en la publicación de decretos tarifarios, discusiones sobre terminar o renegociar contratos, la incorporación por vía regulatoria de los PMGD a los contratos regulados (bolsa Pyme) o la reducción del límite para optar a ser cliente libre, entre otras. A ello se suma la complejidad propia de estos contratos: entender las distintas realidades de las contrapartes (las distribuidoras), los mecanismos de facturación y la operación del mercado de corto plazo en términos de inyecciones y retiros. Y, finalmente, el ruido que generó el término anticipado de algunos contratos adjudicados en procesos anteriores.

Pese a todo lo anterior, resulta difícil justificar que los contratos regulados sean castigados con baja participación y con precios base más altos que los observados en el mercado de clientes libres. Los riesgos existen, pero no podemos ignorar que tanto Chile como la industria han mantenido una posición sólida en resguardar la certeza jurídica de estos contratos.

Esto queda en evidencia -entre otros ejemplos- en el fuerte rechazo a la bolsa Pyme propuesta por la administración anterior, que llevó al ejecutivo de entonces a retirar la medida; la aprobación de la Ley 21.833, que permite la renegociación voluntaria de contratos de suministro existentes con acuerdo mutuo entre generadoras y distribuidoras, facultando a la CNE a mediar ese proceso por única vez hasta diciembre de 2027; la decisión del Estado de restaurar la totalidad de los saldos adeudados a las generadoras (ajustados por interés corriente) producto de los mecanismos de estabilización tarifaria; y el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica en 2025, que señala que los clientes regulados bajo 300 kW tienen un perfil «menos sofisticado», con asimetrías de información y sesgos conductuales que podrían llevarlos a decisiones ineficientes al migrar a precios libres, lo que respalda -bajo nuestra opinión-, mantener el límite actual para optar a cliente libre y, con ello, la estabilidad de la demanda regulada.

Por otro lado, el término anticipado de diversos contratos no puede leerse como una señal de que sean menos atractivos, pues su origen suele estar en limitaciones de las generadoras para ejecutar los proyectos producto de revocaciones ambientales o, en otros casos, producto de desacoples de precios y producción que, sumados a un precio no concordante con el mercado, hacían inviable el suministro. Finalmente, si bien los contratos regulados son más complejos de evaluar, Chile dispone de grandes volúmenes de información para analizar en detalle diversos casos de estrés de estos PPA, lo que reduce la incertidumbre al momento de ofertar.

Si como sector queremos que Chile avance hacia una economía más eléctrica, con electromovilidad competitiva y calefacción eléctrica que desplace a los combustibles importados, debemos volver a mirar con confianza las licitaciones reguladas y dimensionar sus riesgos en su justa medida, que hoy es menor de lo que se percibe. Solo así se lograrán ofertas más competitivas y tarifas eléctricas más bajas para hogares y pequeñas empresas, base indispensable para un mayor bienestar social y para el desarrollo del país y de nuestro sector eléctrico.