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Paro de camioneros y su impacto en la cadena logística de exportación: 6 medidas legales para protegerla

  • Por María José Bofill, Abogada especialista en Transportes y Seguros. Araya & Cía. Abogados//

María José Bofill, abogada especialista en Transportes y Seguros

La paralización del transporte terrestre convocada por Fuerza del Norte y el movimiento No+TAG —tras el cierre del conflicto en San Antonio y en pleno inicio de la temporada alta— amenaza la continuidad de la cadena logística y del comercio exterior. Más allá de su impacto operativo en los despachos y las frecuencias portuarias, el movimiento expone a productores y exportadores a contingencias jurídicas y económicas severas. Al tratarse de una movilización públicamente anunciada, su previsibilidad afectará de manera directa la eventual configuración de caso fortuito o fuerza mayor (art. 45 del Código Civil), tanto para quienes la invoquen frente al exportador como para este ante sus compradores internacionales, especialmente respecto de compromisos asumidos con posterioridad al anuncio.

 SOBRECOSTOS Y RIESGOS PARA LA CARGA DURANTE LA TEMPORADA DE EXPORTACIONES 

Desde la perspectiva del derecho marítimo y del transporte internacional, la interrupción del flujo de carga hacia los terminales no solo compromete las ventanas de recepción – desde que se recibe la carga hasta que se carga al lado del buque – y los plazos de cut-off -con el consecuente riesgo de pérdida de zarpe-, sino que además genera cuantiosos sobrecostos por almacenaje, demurrage, detention y suministro de energía para contenedores refrigerados. En productos perecibles o con temperatura controlada, la demora incrementa de forma crítica el riesgo de merma o deterioro.

Mientras la mercancía no sea recibida formalmente por el porteador, esta se mantendrá fuera de su período de responsabilidad, recayendo el riesgo -según el Incoterm pactado y las condiciones del transporte terrestre- en el exportador o en el transportista. Por su parte, transportistas y agentes de transporte y terminales buscarán eximirse invocando las cláusulas de huelga y fuerza mayor de sus contratos de servicio, escenario al que se suman contingencias regulatorias y comerciales como el vencimiento de certificados fitosanitarios, la alteración de protocolos de frío, el agotamiento de plazos aduaneros y la expiración de las fechas límite de embarque en cartas de crédito.

SEIS RESGUARDOS LEGALES PARA EMPRESAS EXPORTADORAS 

Ante este panorama, resulta indispensable que las empresas exportadoras adopten una estrategia legal y preventiva rigurosa bajo seis líneas principales de acción:

  • Notificación de contingencia: Comunicar formalmente el escenario a los compradores internacionales de manera fáctica y sin admisión de responsabilidad, resguardando estrictamente los plazos de aviso contractuales.
  • Coordinación operativa y mitigación de sobrecostos: Gestionar con las líneas navieras la reprogramación de zarpes o el reencauzamiento hacia terminales alternativos, solicitando por escrito la extensión de días libres y la exención de recargos.
  • Seguros: Revisar las pólizas de transporte considerando que, si bien la cobertura de huelga ampara daños directos por actos violentos o de huelguistas, por regla general excluye las pérdidas o mermas causadas por la simple demora. Asimismo, se debe verificar la extensión de cobertura para fallas de refrigeración y notificar de inmediato al asegurador.
  • Reserva de derechos: Emitir notificaciones formales de reserva de derechos a los prestadores de servicios logísticos para resguardar acciones futuras.
  • Acreditación del deber de mitigar: Documentar las gestiones realizadas para evaluar y activar rutas o modos de transporte alternativos, cuando estos se encuentren disponibles.
  • Conservación de la prueba: Preservar evidencias técnicas y documentales (registros de ingreso a terminal, lecturas de data loggers, correspondencia comercial y cuantificación detallada de los sobrecostos).

 Solo una actuación anticipada y probatoriamente sólida permitirá sustentar eventuales reclamos de indemnización y resguardar eficazmente el patrimonio del sector exportador.

 

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