La dependencia del diésel es un riesgo para la seguridad energética de Chile

• Por Benjamín Carvajal, Director Ejecutivo de Uno Punto Cinco. //

Desde Uno Punto Cinco queremos alertar sobre un riesgo para la seguridad y la soberanía energética de Chile. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos confirmó que evalúa prohibir sus exportaciones de diésel por noventa días para contener precios internos que superan los 6,5 dólares por galón. La decisión aún no está tomada, pero para nuestro país el solo anuncio ya es una señal de alerta. Chile es el país de América Latina más dependiente de la importación de combustibles fósiles.

Entre enero y julio de 2026, el país importó cerca de tres millones de toneladas de diésel, y el 62% vino de Estados Unidos. De los más de 3.000 millones de dólares que Chile gastó en estas importaciones, 2.800 millones se pagaron a ese único proveedor. Cuando la cadena de suministro depende de un solo país, una decisión política allá se convierte en una crisis acá.

Esto no es un riesgo pasajero. Hoy, casi un tercio de toda la energía que consume Chile proviene del diésel, y usamos más del doble que hace veinte años. En 2025, Chile gastó más del 5% del PIB (12 mil millones de dólares) en importar combustibles fósiles, un gasto volátil que en las últimas dos décadas ha oscilado entre el 3% y el 8% del PIB: uno de los más altos del mundo.

El impacto llega a la economía del país y a los hogares. En lo que va del año, el diésel acumula un alza de más de $320 pesos por litro. Un camión que llena un estanque de 400 litros paga hoy unos 130 mil pesos más que en enero. Ese costo se traslada al transporte de alimentos y bienes, a la producción minera, a la movilidad de las personas y, finalmente, al costo de vida de todas las familias. Ya lo vivimos: en menos de tres meses desde que empezó el conflicto en Ormuz, Chile enfrentó un alza superior al 60%.

Chile tiene una alternativa. Somos uno de los países con mejor recurso solar del mundo y contamos con una matriz eléctrica cada vez más renovable. Electrificar el transporte, la minería y la industria no es solo una política energética: es una política de seguridad nacional. Los recursos renovables no se importan y nadie nos puede prohibir usarlos.

Por eso, pedimos al Gobierno de Chile:

1.    Informar públicamente para cuántos días de consumo alcanzan los inventarios de diésel del país.

2.    Presentar un plan de contingencia ante una eventual interrupción del suministro desde Estados Unidos.

3.    Convocar a una Ruta para la Soberanía Energética, con metas, plazos y la participación de expertos del sector público, privado, la academia y de la sociedad civil.

La seguridad energética de Chile no puede depender de decisiones tomadas en otros países