Reforma a la distribución eléctrica marca la hoja de ruta del seminario “Energía 2030”

• En la cita “Energía 2030: Del diagnóstico a la acción”, el Gobierno fijó como prioridad avanzar en una modernización profunda del sistema eléctrico chileno, con foco en distribución, transmisión, seguridad de suministro, resiliencia e inversión. La ministra Ximena Rincón anunció que el trabajo técnico comenzará en septiembre y que el Ejecutivo espera llegar a diciembre con una propuesta lista para iniciar su trámite legislativo.

Con la reforma a la distribución eléctrica como eje central, el seminario “Energía 2030: Del diagnóstico a la acción” reunió a autoridades, expertos, representantes de la academia y actores relevantes de la industria para abordar los desafíos que enfrenta el desarrollo energético nacional durante la próxima década. La actividad fue encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón; el subsecretario Hugo Briones; y el expresidente Eduardo Frei, actual presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

El encuentro tuvo como telón de fondo una discusión que el sector eléctrico viene arrastrando desde hace años: cómo actualizar un marco regulatorio que, especialmente en distribución, fue diseñado para una realidad muy distinta a la actual. Las nuevas exigencias de electrificación, el crecimiento de las energías renovables, la incorporación de tecnologías como almacenamiento, vehículos eléctricos, generación distribuida y medidores inteligentes, además de la necesidad de contar con redes más resilientes frente a eventos climáticos extremos, han reforzado la urgencia de una modernización normativa.

RINCÓN FIJA DICIEMBRE COMO META PARA INGRESAR AL CONGRESO

La ministra Rincón sostuvo que el objetivo del Gobierno es tener concluido, de aquí a diciembre, el trabajo técnico y político necesario para quedar en condiciones de iniciar la tramitación legislativa de una reforma al segmento de distribución. Según explicó, antes de presentar el proyecto se abrirá un proceso de mesas de trabajo que comenzará en septiembre y que buscará reunir a los distintos actores con conocimiento e interés en la materia.

“El tema de certeza en materia energética, seguridad y el que tengamos competitividad en este ámbito es fundamental para los hogares, para las pymes, para la empresa, para el desarrollo del país”, señaló la secretaria de Estado durante su intervención. En esa línea, destacó que el Ministerio de Energía trabajará junto al subsecretario Hugo Briones, el CPI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conformar un equipo técnico en el que participen los actores del sector.

Para Rincón, la reforma debe construirse con una mirada amplia y participativa. La ministra afirmó que en ese proceso “tienen que estar los que saben, tienen que estar los representantes de la ciudadanía, tiene que estar el ministerio con todos sus organismos”. El plazo fijado por la autoridad es ambicioso: llegar a diciembre con el trabajo preparado para entrar al trámite legislativo, aunque otras versiones del anuncio han señalado que el ingreso podría concretarse, a más tardar, durante el primer trimestre de 2027.

MESAS DE MODERNIZACIÓN DESDE SEPTIEMBRE

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, profundizó el anuncio y precisó que desde la primera semana de septiembre comenzarán las mesas de modernización de la ley eléctrica. El foco estará puesto en distribución y en materias de transmisión directamente vinculadas a ese segmento, reconociendo que los problemas de red no pueden abordarse de manera aislada.

Briones planteó que el sector eléctrico chileno no carece de diagnósticos ni de propuestas, sino de capacidad para transformar esas discusiones en legislación efectiva. “En la distribución eléctrica en Chile no faltan ideas, pero los 20 años produciendo informes no han terminado en ley. Eso es lo que tenemos que corregir”, afirmó. Con esa frase, el subsecretario resumió uno de los mensajes centrales del seminario: dejar atrás la etapa de análisis acumulados y avanzar hacia decisiones concretas.

LA LEY TARIFARIA COMO PUNTO DE PARTIDA

El anuncio de la reforma se produjo luego de la aprobación de la Ley “Ordenemos la Cuenta”, norma orientada a estabilizar las tarifas eléctricas y abordar una deuda acumulada desde 2020 cercana a US$900 millones. En el seminario, el Presidente José Antonio Kast participó mediante un video y destacó que dicha ley permitió ordenar un problema relevante para el sistema, al mismo tiempo que extendió el subsidio eléctrico hasta 2027 e incorporó medidas específicas para hogares con personas electrodependientes.

El Mandatario también subrayó que la nueva etapa debe orientarse a modernizar una regulación de distribución con más de cuatro décadas de vigencia. Según planteó, el país requiere una normativa centrada en la seguridad, calidad y competitividad del servicio, junto con mecanismos que permitan impulsar inversiones en resiliencia y seguridad de suministro, siempre que estén debidamente justificadas y no generen aumentos artificiales de tarifas.

REDES, PERMISOS E INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

Además de la distribución, el seminario puso sobre la mesa otros desafíos estructurales del sistema eléctrico chileno. Entre ellos destacaron la necesidad de fortalecer la infraestructura energética, agilizar los permisos para proyectos estratégicos de generación, transmisión y almacenamiento, y avanzar hacia una mayor integración energética con los países vecinos. La expansión de la transmisión fue presentada como una condición habilitante para acompañar el crecimiento de la demanda, la incorporación de energías renovables y la competitividad del país.

En ese marco, el panel “Redes para crecer: Modernizar transmisión y distribución al ritmo que el país necesita” reunió a Iván Quezada, presidente de Empresas Eléctricas A.G.; Arturo Le Blanc, presidente de Transmisoras de Chile A.G.; Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera; y Rodrigo Moreno, director de Ingeniería Civil en Energía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. La conversación abordó la urgencia de contar con redes capaces de responder a los requerimientos de seguridad energética, calidad de servicio, inversión y crecimiento económico.

EL ROL DEL CPI Y LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El expresidente Eduardo Frei, en su calidad de presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, realizó una charla magistral y confirmó la disposición del CPI a seguir colaborando en el desarrollo de proyectos energéticos. Frei afirmó que para el organismo ha sido un desafío relevante involucrarse en esta agenda y sostuvo que, aunque la dimensión eléctrica había sido inicialmente un componente agregado dentro del trabajo del Consejo hoy existe la convicción de que puede realizarse una contribución concreta frente a los problemas actuales del sector.

La participación del CPI y del BID fue destacada por las autoridades como parte de una estrategia orientada a construir una reforma con respaldo técnico, diálogo intersectorial y mirada de largo plazo. La idea, insistieron en el seminario, es que la modernización no sea solo una discusión normativa, sino una plataforma para mejorar la seguridad energética, atraer inversiones, reforzar la infraestructura habilitante y entregar mayor certidumbre a usuarios, empresas y desarrolladores.

AUTONOMÍA, CERTIDUMBRE Y COMPETITIVIDAD HACIA 2030

Otro de los hitos de la jornada fue la presentación “Hacia la autonomía y certidumbre energética de Chile”, a cargo de Héctor Lagunas, consejero del CPI. La exposición se orientó a los desafíos de la próxima década en materia eléctrica, con énfasis en seguridad energética, expansión de transmisión, desarrollo de infraestructura, atracción de inversiones y fortalecimiento de la competitividad nacional.

En conjunto, las intervenciones del seminario dejaron instalado un mensaje transversal: Chile cuenta con diagnósticos suficientes sobre las brechas de su sistema eléctrico, pero requiere acelerar la capacidad de decisión institucional para traducir esos consensos en leyes, inversiones y obras. La reforma a la distribución aparece así como el primer gran paso de una agenda más amplia, destinada a adaptar la regulación eléctrica a las demandas del siglo XXI y a asegurar que la infraestructura energética acompañe el desarrollo económico y social del país.