“Ordenemos la Cuenta” inicia su ruta en el Senado tras amplio respaldo en la Cámara

• La Comisión de Minería y Energía del Senado revisará el próximo viernes 17 de julio, en Valparaíso, el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que apunta a tres objetivos principales: aliviar el costo de la electricidad para las familias, ordenar el sistema tarifario y mejorar la seguridad y calidad del servicio.

El debate por el precio de la electricidad sumará un nuevo capítulo el próximo viernes 17 de julio, cuando la Comisión de Minería y Energía del Senado se reúna en la sala de sesiones de Valparaíso, a partir de las 09:30 horas, para analizar el proyecto de ley “Ordenemos la cuenta”.

A la sesión fue invitada la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien tendrá la misión de exponer ante los senadores los alcances de una iniciativa que el Gobierno ha presentado como una respuesta integral a los problemas acumulados en el sistema eléctrico, especialmente aquellos derivados del congelamiento tarifario y de los retrasos regulatorios que se arrastran desde años anteriores.

La llegada del proyecto al Senado se produce luego de que, el miércoles 8 de julio, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara por amplia mayoría el texto conocido como “Ordenemos la Cuenta”. Con ello, la propuesta fue despachada a su segundo trámite constitucional, abriendo una discusión que combinará urgencias sociales, ajustes técnicos y definiciones de largo plazo para el sector energético.

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto apunta a tres objetivos principales: aliviar el costo de la electricidad para las familias, ordenar el sistema tarifario y mejorar la seguridad y calidad del servicio. En la práctica, la iniciativa busca enfrentar tanto el impacto inmediato que las alzas pueden tener en los hogares como los desequilibrios estructurales que han tensionado el funcionamiento del sistema eléctrico.

Tras la votación en la Cámara, Rincón valoró la disposición de los parlamentarios para dar continuidad al debate y sostuvo que el Ejecutivo asumió “el desafío de resolver un problema heredado” de manera transversal. La secretaria de Estado agradeció, además, el trabajo de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara y destacó el rol de su presidente, el diputado Tapia, en la tramitación del proyecto.

La ministra también buscó despejar una de las críticas que marcó la discusión legislativa. Según explicó, no se trata de que las personas paguen directamente a las empresas, sino de ordenar una deuda acumulada en el sistema. “Cuando uno separa el nivel de deuda de las empresas versus el de los clientes residenciales, la verdad es que es mayor el nivel de deuda de estos últimos”, señaló durante el debate público de la iniciativa.

REBAJA, SUBSIDIOS Y PROTECCIÓN TERRITORIAL

El primer eje del proyecto se concentra en entregar rebaja y certeza tarifaria. Para ello, contempla la extensión del subsidio eléctrico, con foco en las familias más vulnerables del país, y medidas especiales para proteger a los hogares de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, zonas donde se proyectan alzas relevantes en las cuentas de la luz.

ORDENAR LAS DEUDAS DEL SISTEMA

El segundo eje, que da nombre político a la iniciativa, busca regularizar tarifas y saldar las deudas que se arrastran con las empresas del rubro. Uno de los puntos centrales es el pago de la deuda asociada al componente de distribución, conocido como Valor Agregado de Distribución, correspondiente al período 2020-2024 y que acumula 43 meses de atraso.

Para evitar un golpe inmediato al presupuesto de las familias, el Ejecutivo propone un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035. En ese período, y considerando que el cargo por la deuda con generadoras disminuiría de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora, el proyecto plantea incorporar un cargo acotado de 5 pesos por kilowatt-hora. La fórmula, según el Gobierno, permitiría ordenar la deuda sin provocar nuevas alzas para los usuarios e incluso proyectar una disminución neta de 8 pesos por kilowatt-hora en la cuenta eléctrica.

El proyecto también aborda el recálculo de la tarifa de transmisión, que acumula 28 meses de retraso y debía publicarse en enero de 2024. Para impedir que ese desfase genere una nueva deuda, la propuesta contempla extender el decreto tarifario vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre de 2028, con el objetivo de que desde 2029 el sistema funcione con plazos claros y sin nuevos atrasos.

CALIDAD DEL SERVICIO Y NUEVAS FACULTADES

El tercer eje busca resguardar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico. Para ello, la iniciativa considera impulsar inversiones en zonas críticas y ampliar las facultades de la autoridad para actuar frente a problemas que amenacen el suministro. La meta es prevenir déficits en zonas afectadas y dotar al sistema de herramientas más eficaces para responder ante contingencias.

Con estos antecedentes, la sesión del próximo viernes 17 de julio en el Senado aparece como una instancia clave para medir el respaldo político de la iniciativa y el margen de ajustes que podrían surgir en su segundo trámite. En un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante el costo de la energía, “Ordenemos la Cuenta” buscará avanzar entre la presión por aliviar las boletas de la luz y la necesidad de corregir deudas y retrasos que, por años, han marcado al sector eléctrico chileno.