- La transición requiere mucho más que renovar la flota de vehículos. Una red de carga eficiente, integrada a energías renovables y gestionada de forma inteligente, es clave para habilitar una movilidad ecológica y conectada.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024), el transporte es uno de los sectores que más contribuye a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), representando un área clave para avanzar en los compromisos asumidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional bajo el Acuerdo de París. En América Latina y el Caribe, el transporte se posiciona como el principal generador de dióxido de carbono por combustión con un 37,7% del total, seguido por la industria (28,2%) y el sector residencial (13,6%).
En Chile, el escenario no es distinto. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Electromovilidad (2022), el transporte representa el 36,6% del consumo energético del país, del cual el 99% proviene de derivados del petróleo. Esta alta dependencia de combustibles fósiles posiciona al sector como responsable de aproximadamente el 25,5% de las emisiones totales de GEI a nivel nacional.
Frente a este panorama, la electromovilidad se presenta como una de las soluciones más eficaces para alcanzar la meta de carbono neutralidad que Chile ha fijado para 2050. Sin embargo, más allá del reemplazo de vehículos a combustión por eléctricos, el desafío radica en el desarrollo de un ecosistema de movilidad inteligente, interconectado y alimentado por fuentes limpias.
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MOVILIDAD
En esta línea, el país ha dado pasos concretos. La Estrategia Nacional de Movilidad proyecta que, para 2035, todos los nuevos vehículos livianos, medianos y de transporte público que se comercialicen sean eléctricos. Actualmente Chile se posiciona como el quinto país de América Latina con mayor número de vehículos eléctricos, con 32 unidades por cada 10.000 habitantes, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Las proyecciones apuntan a que el parque automotor eléctrico nacional podría alcanzar las 93.000 unidades en 2030, un avance significativo considerando que a mediados de 2024 la cifra apenas supera los 6.000 vehículos livianos.
Y es que este crecimiento proyectado implicará un aumento en la demanda energética, ya que solo para cubrir la operación de autos y buses eléctricos se estima que se requerirá una nueva capacidad instalada de energía renovable de 332 MW, junto con una inversión cercana a los US$ 300 millones.
Ante este escenario, Víctor Paredes, director de Power System para Chile, Perú y Bolivia en Schneider Electric, indica que “si queremos construir un futuro con cero emisiones netas debemos acelerar la transición energética de forma integral, y eso incluye transformar la manera en que nos movemos. La movilidad eléctrica debe ir acompañada de infraestructura eficiente, automatizada y basada en energía renovable”.
En este sentido, Schneider Electric refuerza su compromiso con la sostenibilidad y electromovilidad, ofreciendo soluciones que aportan a un futuro con cero emisiones netas, como EcoStruxure para eMobility, que entrega soluciones de carga inteligente de vehículos eléctricos de extremo a extremo para un futuro eficiente, resiliente y sostenible.
La compañía ha asumido un fuerte compromiso con la descarbonización y promueve soluciones tecnológicas que permiten integrar estaciones de carga eléctrica a sistemas energéticos más sostenibles, con capacidades de gestión inteligente, almacenamiento y uso eficiente de recursos.
“Al invertir en la electrificación del transporte y en la infraestructura necesaria para respaldarla no solo estaremos construyendo un futuro más limpio, sino también más próspero y equitativo para las futuras generaciones”, añade Paredes.
En conclusión, la electromovilidad se perfila como un pilar clave en la transición hacia un futuro más sostenible en Chile. A medida que el país avanza hacia su meta de carbono neutralidad para 2050, la electrificación del transporte será esencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías renovables. Este proceso exige la colaboración entre el sector público, privado y la ciudadanía con el objetivo de construir una infraestructura eficiente y accesible que permita un futuro más limpio y resiliente para las generaciones venideras.
