- Por Ramón Rada Jaman, presidente de la Comisión de Innovación del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). //
Chile está en una encrucijada: liderar la transición energética global o resignarse a ser un mero observador de su propio potencial. Sin embargo, un sistema administrativo disfuncional, caracterizado por una burocracia centralista y un marco regulatorio obsoleto, amenaza con frustrar esta oportunidad histórica.
Casos emblemáticos como el rechazo al proyecto minero de nitratos de potasio del grupo Errázuriz, en Antofagasta, tras 16 años de tramitación ambiental; el estancamiento del proyecto de tierras raras del grupo minero CAP-Aclara en Penco, con cinco evaluaciones ambientales fallidas y 205 observaciones en la sexta; o la paralización del proyecto minero-portuario Dominga de Andes Iron, tras 11 años de tramitación ambiental, dos rechazos del Comité de Ministros, fallo del Tribunal Constitucional y resolución de la Corte Suprema en espera, evidencian un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que, lejos de facilitar el desarrollo sostenible, lo asfixia con procesos interminables.
Más recientemente, vimos con estupor el bloqueo al estudio de impacto ambiental (EIA) de un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en San Gregorio, Magallanes, por una intervención municipal que excede sus competencias. Lo anterior, no hace más que subrayar la falta de coordinación y visión estratégica en la gestión de iniciativas críticas para la descarbonización y futuro energético de Chile.
Lamentablemente, estos no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema estructural: un SEIA anacrónico y un enfoque centralista que prioriza la permisología sobre la competitividad y la sostenibilidad. Mientras otros países integran herramientas como la inteligencia artificial para agilizar evaluaciones y optimizar recursos, Chile permanece atrapado en una maraña burocrática que compromete su credibilidad como actor clave en el escenario energético global.
La inacción no solo pone en riesgo proyectos estratégicos, sino también nuestra capacidad de capitalizar nuestra ventaja comparativa en recursos renovables y minerales críticos. Así también, alejamos a Magallanes, una región con enorme potencial de ser el epicentro de la revolución energética.
Chile no está preparado para liderar la transición. Magallanes, por el contrario, está lista. Dotarla de las herramientas necesarias —capacitación, infraestructura y autonomía— no es solo una inversión en la región, sino una apuesta por el posicionamiento global de Chile en un mundo que demanda sostenibilidad y competitividad.
Es hora de pasar del debate a la acción y de soltar el freno de mano, para que las pampas de verde coirón de Magallanes vuelvan a brillar en todo el esplendor de su legado de oro negro, ganado y carbón.
